HISTORIA

Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana.

​

Breve biografía del autor.

​

Darío Fajardo Montaña: antropólogo, profesor Universidad Externado de Colombia, posgrado historia Universidad de California en Berkeley, director proyecto Banco Mundial/Ministerio de Agricultura "zonas de reserva campesina". Libros: "Las guerras de la agricultura colombiana", "Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra", "Violencia y desarrollo", miembro comisión histórica diálogos de La Habana.

​

Reseña.

​

En el presente ensayo se trata de explicar el por qué Colombia presenta una situación de conflicto armado, los efectos que ha tenido en la sociedad en el pasado y que en el presente persisten y no permiten una mejor estructuración y distribución de sectores económicos del país, al igual que la existencia de una población que no posee conductos para solventar sus necesidades y tener una vida justa y digna: el campesinado.

​

Una de las mayores problemáticas que se plantea en el texto, en relación con el conflicto armado, es la expropiación de tierras a diferentes grupos campesinos e indígenas al igual que la apropiación de terrenos baldíos de manera ilegal: como menciona el autor, aquello es el resultado de la acción del Estado a favor de intereses excluyentes, expresada en decisiones políticas en torno a la ocupación del territorio y la asignación de derechos sobre el mismo (Fajardo, D.Pg 3).

 

Entre los factores que se nombran como causa del conflicto armado están: la persistencia del problema agrario, y la propagación del narcotráfico; las influencias y presiones del contexto internacional; la fragmentación institucional y territorial del Estado. Se expone un problema agrario que va relacionado con los cultivos ilícitos que se adquieren a causa de la concentración de tierras por parte de unos pocos, de igual forma, el Estado ha sido el mayor ente proliferante de que estas situaciones se hayan dado debido al mal manejo de certificados de propiedad, el clientelismo y, así mismo, su poca presencia en las periferias del país.

 

Los campesinos no poseían condiciones justas de trabajo, como se menciona en el texto, los hacendados sabían que las tierras no poseían valor si no había una mano de obra que se hiciera cargo de hacerlas producir, por ese motivo los convencieron a través de contratos de arrendamiento que lo único que hicieron fue violar sus derechos y asentar el odio entre éstos y el dueño del terreno.

 

Pese a esto, se quería aumentar la productividad del país en materia de exportación, en ese sentido, las grandes tierras que no tenían una gran capacidad de producción, serían consideradas como terrenos baldíos (terrenos que no producen, no se cultivan) que a través de políticas del Estado, serían expropiadas de sus dueños y pasarían a ser parte de éste para que así se pudieran dar a colonos o a personas que sí pudieran hacerlas útiles, en miras de crear un campesinado medio.

 

A pesar de ello, en los medios decisorios del poder y en las regiones gravitaba la defensa a ultranza de la gran propiedad, es decir, que por más equilibrio que se tratase de crear con las políticas del Estado cediendo tierras a campesinos que pudieran hacerlas producir, las grandes haciendas eran las que preponderaban.

 

Las numerosas expresiones de oposición de estos trabajadores del campo contra la reducción sistemática de sus espacios de vida alcanzaron muy contadas victorias; no obstante, con el correr de los años ayudaron a fraguar una cultura de resistencia que habría de enfrentar nuevos embates, esto se puede corroborar con huelgas como la de los trabajadores de la United Fruit Company en 1929. Se creaba en el país una noción de la protección de tierras y condiciones justas de trabajo para el sector obrero (Fajardo, D. Pg 14). 

                                               

En las áreas rurales predominaba la filiación conservadora por parte del campesinado, en el periodo de 1930 se intensifico el conflicto entre simpatizantes liberales y conservadores debido a la derrota de estos últimos en las elecciones, se propiciaron varios actos de violencia en contra de campesinos por el sólo hecho de estar de acuerdo el partido tradicional.

 

El debilitamiento de la economía como resultado de la reducción de las inversiones externas y de la crisis del campo, agravada por el retorno de los trabajadores que previamente había laborado en los desarrollos viales y de otras infraestructuras hizo necesario intentar redefiniciones en la organización de la agricultura y el fortalecimiento de la industria; estas tareas fueron planteadas en la perspectiva de una amplia inclusión social que permitiría al unísono la vigorización de las bases liberales. Desde el gobierno liberal se plantearon nuevos conductos para mitigar el impacto del conflicto generado en el sector agrario, entre ellos la creación de sindicatos y ligas que le brindaran a los campesinos una voz y voto.(Fajardo, D. Pg 19)

 

La escasez de alimentos derivada de las dificultades para contar con mano de obra en los campos, agravada por las restricciones para las importaciones, obligó al gobierno a retroceder en lo tocante al restablecimiento de los contratos de aparcería, sin riesgo alguno para los propietarios de tierras que los albergaran.  Producto de ello fue la ley 100 de 1944 que eliminó en los contratos de aparcería cualquier clase de espacio que permitiera hacer algún reclamo en contra de los propietarios; esto profundizó las condiciones de pobreza de la población campesina y afianzó la hostilidad entre ésta y los terratenientes y dueños de tierras (Fajardo, D. Pg 22).

 

Gaitán, el líder liberal que velaba por los derechos del campesinado, fue el pilar que una vez derrumbado ocasionó un revuelo en todos sus simpatizantes y la concepción que se tenía del Estado, su muerte desembocó en expulsiones y masacres de cientos de familias campesinas y la usurpación de sus tierras, condiciones que favorecerían el desarrollo de la agricultura comercial, pero que también serían vistas con preocupación por sectores de la dirigencias nacionales para quienes los despojados era vistos como eventuales portadores de amenazas insurreccionales, lo cual motivó la vinculación del país a estrategias de “desarrollo económico”.

 

Se planteó la Ley 135 de 1961 con el objeto de “reformar la estructura social agraria por medio de procedimientos enderezados a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica o su fraccionamiento antieconómico, reconstruir adecuadas unidades de explotación en las zonas de minifundio y dotar de tierras a los que no las posean, de igual forma con las leyes las leyes 4ª de 1973 y 6ª de 1975 se dio posibilidad para que quienes trabajaran las tierras o terrenos baldíos no fuesen expropiados de estas, sin embargo los terrenos que el Estado se encargó de dar a los campesinos estaban en condiciones marginales y con una baja supervisión de éste; a causa de ello se crearon los primeros cultivos de coca, marihuana y amapola (Fajardo, D. Pg 28 y 29).

 

Como lo menciona el autor, para comprender el conflicto se debe tener en cuenta la persistencia de factores internos y externos, económicos y político-ideológicos, que contribuyeron a su asentamiento: la inamovilidad tanto de la estructura de la propiedad agraria como la de la participación política en términos internos, desde lo externo la aceptación por parte de la dirigencia colombiana de las directrices de la política norteamericana en términos económicos, políticos y militares, los cuales han dado continuidad a las condiciones básicas del régimen de dominación, la introducción del USA hizo que las mismas condiciones precarias de los anteriores proyectos de ley y reformas siguieran produciéndose y se mantuviera la problemática del campo y la mala distribución de tierras.

 

Las tendencias hacia el debilitamiento de la agricultura se afianzaron con el ingreso masivo de los capitales del narcotráfico, los cuales aceleraron la concentración de la propiedad de la mano del paramilitarismo como instrumento para el desmantelamiento violento y el destierro de numerosas comunidades rurales y la usurpación de sus tierras, es decir, el narcotráfico fue un  instrumento para ganar capital de manera fácil para el paramilitarismo, lo que también promulga una expropiación de tierras al campesinado al igual que varios brotes de violencia con el fin de la monopolización de tierras.

 

Ya en el presente es obvia la explicación del por qué de la pobreza del país en varios sectores, al igual que la escasez de recursos que son implementados para la guerra y que no han permitido una reforma agraria para facilitar la distribución de tierras, una mayor fuente de empleo, al igual que la desmovilización de varios campesinos y grupos indígenas que han migrado a las grandes ciudades sin la posibilidad de tener una vida justa. 

 

CONCLUSIONES

 

En el ensayo el autor quiere dar un aporte a la comprensión del proceso desde la perspectiva de la problemática agraria, de los conflictos sociales, económicos y políticos relacionados con el acceso y el uso de la tierra y los territorios.

 

Básicamente se exponen una serie de hechos que dan razón de ser a la problemática del conflicto armado en Colombia, entre los cuales la expropiación y la mala distribución de tierras han sido los desencadenantes en la proliferación de la violencia en el país, de igual forma, la mala supervisión del Estado por parte del campesinado y la presunta acumulación de riquezas para generar una mayor oferta y demanda en aras de mejorar la economía del país en el capitalismo, generó una ceguera que desembocó en más injusticias para el sector medio rural que sólo buscaba condiciones más equitativas de vida, pero que al final tuvo que verse forzado a tomar rumbos turbios para poder tener voz y voto en el país.

​

BIBLIOGRAFIA

 

1. FAJARDO, Darío. Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana. Conflicto social y rebelión armada en Colombia, 2015.

2. LEGRAND, Catherine. Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1988.